Magela Cabrera Arias
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Aún la silla del exalcalde está tibia y ya surgen los candidatos para dirigir el Municipio de Panamá que, con un presupuesto anual de $115 millones, constituye una importante posición política. Escarmentados por la experiencia, los ciudadanos debemos exigir a quienes aspiran a la Alcaldía un plan de trabajo –con rigurosos mecanismos de fiscalización ciudadana– que sea presentado y debatido públicamente; de forma que tengamos elementos concretos para elegir al mejor con base en propuestas coherentes y realistas.
El cargo conlleva un doble desafío: construir una ciudad competitiva en el mercado internacional que atraiga inversiones, sin descuidar lo fundamental: garantizar el derecho a la ciudad a toda la población del distrito asegurando el acceso equitativo a los bienes y servicios urbanos y combatiendo la creciente exclusión social y segregación espacial. Las complejas características de Panamá requieren una planificación precisa y una gestión que asegure equidad social y territorial, hábitat seguro y saludable, crecimiento y desarrollo sustentable y activa participación ciudadana. La tendencia mundial nos señala el camino: democratización de la planificación urbana y descentralización de la gestión.
La vigente Ley 6 de 2006 de Ordenamiento Territorial establece las formas de intervención del territorio y determina la naturaleza de las políticas. El artículo No. 8 otorga a los municipios competencias para, entre otros aspectos, elaborar y aprobar planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano locales; dictar acuerdos en materia de ordenamiento territorial y urbanístico locales, y reglamentar la participación ciudadana. Y artículo No. 3: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía de la propiedad privada”.
Para cumplir la Ley 6, debe eliminarse el Decreto Ejecutivo No. 179 (26/2/2010) que usurpando el derecho municipal, centralizó en la Dirección de Desarrollo Urbano del Miviot las decisiones relativas a los cambios de zonificación de uso de suelo y los planes de ordenamiento territorial (institución que contraviniendo la Ley 6 sigue autorizando zonificaciones que inciden solo de lote a lote y que no forman parte de un plan parcial o un plan urbano, siendo este el origen de muchos problemas urbanos). La mayoría de los municipios, incluyendo Panamá, muestra un notable déficit de capacidades instrumentales, técnicas y administrativas relativas a la orientación del desarrollo urbano. Consecuentemente, es urgente iniciar las capacitaciones a funcionarios municipales para que asuman eficazmente sus responsabilidades, en un contexto de participación, transparencia y rendición de cuentas –fundamentos de las estrategias de desarrollo urbano y territorial–.
Quien pretenda ser alcalde debe armonizar los componentes de la ciudad, configurada por el poder popular y por el poder público. Por su parte, los ciudadanos, a través de las organizaciones de la sociedad civil, deben aprender a negociar con la sociedad política para defender eficazmente sus derechos humanos, políticos, económicos y ecológicos; consolidando su capital social, definido como “la capacidad de los individuos de trabajar junto a otros con grupos y organizaciones, para alcanzar objetivos comunes”. (Fukuyama 1995).
Panamá demanda transformaciones urbano-territoriales solo posibles con formas de gestión novedosas, incluyendo una reconformación institucional, legal y política que logre articular las demandas y potencialidades y sepa aprovechar la actual bonanza económica. Organismos como la Cepal promueven abandonar prácticas obsoletas de desregulación y debilitamiento de la institucionalidad política urbana; e impulsan la adopción de regulaciones parciales que realmente permitan garantizar no solo equidad a los distintos actores en el desarrollo -públicos y privados-; sino y primordialmente una sociedad en la que los ciudadanos ejerzan sus derechos a la vida, a la seguridad, al trabajo a la salud, a la educación, a la recreación y a la cultura; es decir, una ciudad con servicios de buena calidad, tolerante e inclusiva.
Ello demanda, entre otros aspectos, acciones proactivas con respecto al mercado inmobiliario, e incentivos económicos a la localización; todo ello como complemento de las regulaciones y zonificaciones; habilitación de tierras usando instrumentos de compensación que amortigüen la segregación espacial, y alternativas de acceso al mercado de suelo para los más pobres y la clase media como por ejemplo, los bancos de tierras y el acceso cooperativo a las tierras. Además de garantizar la información y la transparencia con relación a la situación de las tierras.
Además, la concepción del desarrollo urbano sostenible coloca al Estado como garante no solo de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura –como los que se ejecutan actualmente-; sino como el promotor y orientador de acciones que impulsen: Hábitat sustentable, mejorando los barrios dotándolos de equipamientos urbanos- salud, educación y cultura- descentralizados y de calidad que favorecen la construcción de ciudadanía; ciudades verdes –con redes de espacios verdes, recuperación de cuencas y riberas, impulso a las energías limpias y tratamiento integral de residuos-; movilidad sustentable que favorezca al peatón sobre los automóviles fortaleciendo un sistema integral de transporte público; una economía diversificada, a través de la inversión pública en la infraestructura productiva, lo que revitalizará en la ciudad el turismo, los servicios y la industria.
