Repensando la ciudad

Hace años se habla de la ineludible necesidad de regular el crecimiento de la ciudad, sin embargo nada se ha hecho. Recientemente, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la vigencia de la Ley 78 de 1941 que establece que la altura de los edificios no puede sobrepasar el doble del ancho de las vías adyacentes, se ha intensificado la polémica sobre el tema.

El urbanismo, disciplina nacida en el siglo pasado, buscaba la armonía y la coexistencia entre "vialidad": tramas eficientes de comunicación, transportes, servicios, áreas verdes y arbolado, y "habitabilidad": vivienda, comercio barrial, lugares de ocio, escuelas y todos aquellos espacios de intimidad, privacidad y descanso. Aspectos aparentemente irreconciliables pero que constituyen la esencia misma de la ciudad; el uno sin el otro no son nada o, en todo caso, no son ciudad.

Las razones para crear una institución que oriente un crecimiento racional de la ciudad, sobran; basta recordar algunos de los graves exabruptos ocurridos:

* La construcción, a pesar de las protestas, de las torres del Miramar en perjuicio del paisaje urbano;
* La obstrucción de la Ave. Balboa con la rampa vehicular de acceso al Multicentro, aun pendiente de resolver;
* El daño a La Cresta, al permitir una altísima densidad en un área que fue proyectada para pocos residentes. Igual ha sucedido en El Cangrejo, Obarrio y San Francisco de la Caleta, con los consecuentes resultados negativos sobre la eficiencia de los servicios básicos y la vialidad.
* Las recientes inundaciones en Arraiján y los deslaves en Villa Luzmila/Colón;
* Las 10 hectáreas de bosques primarios arrasados para construir el proyecto de urbanización “Brisas del Dorado”;
* La destrucción de estructuras del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo (ex residencia Herbruger en Ave. B).

A lo anterior se suma el agobiante caos urbano: tránsito infernal, ruido ensordecedor, contaminación visual y ambiental, destrucción del paisaje urbano, arbitrarios y reiterados cambios de uso de suelo y densidad de ocupación que convierten apacibles áreas residenciales en desordenados sectores comerciales.

El más grave problema, sin embargo, es el transporte público por ser parte fundamental del proceso productivo y de la calidad de vida. El conflicto no está constituido solo por la sumatoria de aspectos negativos: el mal estado de los buses y la contaminación que causan; el abuso de los empresarios del transporte que explotan a los “palancas” y no les pagan salario mínimo ni prestaciones sociales; el negligente manejo de sus conductores y la ausencia de fiscalización de las autoridades; la escasez y mal estado de las vías; sino también por la ausencia de planificación de la ciudad. Consecuentemente, la solución implica abordarlo integralmente. No solo es necesario adoptar un nuevo sistema, como el “Transmilenio” de Bogotá que funcione con participación de la empresa privada pero regulado por el Estado (o el municipio). La solución involucra necesariamente el reordenamiento de la estructura de la ciudad, reasignando las zonas de actividad y deteniendo el proceso de urbanización discontinua y la producción de la ciudad dirigida por el mercado inmobiliario.

Es imperativo elevar la discusión sobre el futuro de la ciudad. Tal empeño se debe traducir en la creación de un organismo rector del desarrollo urbano que ejecute una planificación integral e impulse el consenso como instrumento de concertación y participación de actores sociales e institucionales, y que pueda crear alianzas que desarrollen la ciudad de una manera sistémica: que regule usos de la tierra, nomenclatura, servicios públicos, sistema vial, localización de áreas educativas, culturales y sanitarias; en fin, que dirija las acciones orientadas a la reapropiación de la ciudad y a su humanización.

Repensar la ciudad significa dejar de concebirla como la agregación de las cosas de cuya trata, solo cabe sacar utilidades monetarias; y pasar a convertirla en el lugar del reencuentro ciudadano. Distinto de aquellos producidos por el urbanismo globalizado que construye lugares donde acechan el desencuentro, la soledad y la insatisfacción del consumismo, y que prioriza el valor de cambio de la cosa urbana sobre su valor de uso. La gestión mercantilista prostituye la ciudad y destruye los valores éticos y sensibles de los ciudadanos.

Repensar la ciudad es, asimismo, emprender la preservación de su patrimonio tangible e intangible como una tarea social puesto que significa lograr una vida digna para sus habitantes generando condiciones para que sea placentera en lo material y en lo espiritual, sin atentar contra su memoria colectiva y su identidad. Los aspectos sociales y humanos que hacen la calidad de vida de los habitantes son, en nuestro concepto, el primer elemento para guiar el desarrollo de la ciudad. Las obras físicas de arquitectura e ingeniería deben ser pensadas para apoyar las prioridades de la gente. Por eso decimos No:

No a la pérdida de los ríos y quebradas de la ciudad inundados con desperdicios;
No a las torres que arruinan el paisaje urbano;
No a la destrucción de los monumentos históricos y el Patrimonio Cultural
No las autopistas seudo ecológicas;
No a las urbanizaciones de casitas liliputienses (como las de Arraiján), que producen espacios de miseria material y espiritual;
No a los buses, sus gases, sus ruidos y sus pitos que recuerdan a cada instante la corrupción y la impunidad de ciertos grupos.
Y, si a las áreas verdes, los parques, las plazas culturales, y al reciclaje;
En definitiva, no a la corrupción, al mal gusto y a la urbanización mercantilista.


Publicado en La Prensa, 1 de julio de 2004

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