Espacios públicos y calidad de vida

Hotel El Panamá, Vista original
Arq. Magela Cabrera Arias
La ciudad de Panamá atraviesa un periodo crítico de anarquía tanto socio–cultural como físico–espacial. Sigue una tendencia de crecimiento urbano caótico que ha derivado en una ciudad orientada hacia la segregación, territorialmente derrochadora y poco sostenible social y culturalmente.
Las condiciones de vida de los habitantes, especialmente de los más pobres, continúa deteriorándose a pesar de que desde 1997 el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano señaló los problemas urbanos más graves y la manera de mitigarlos y, entre otros aspectos, propuso la creación de un sistema de espacios abiertos (SEA).
No se ha modificado el inadecuado patrón de crecimiento lineal y desarticulado; persiste la concentración de servicios y empleos en el área central del casco urbano; la contaminación del aire y los ríos, al igual que la visual y la sonora ascienden. La red de alcantarillado colapsa, particularmente en zonas donde, sin considerar la capacidad de carga del sistema, se ha modificado el uso del suelo y la densidad. El precario transporte público y el congestionamiento constante del tráfico urbano, así como la irregularidad del servicio de agua potable agravan la situación.
Tenemos un crecimiento urbano que privatiza lo que debiera ser espacio público; que prioriza los monumentos al consumo (centros comerciales –mall–); y que construye barrios cerrados ofreciendo además de vivienda, la ansiada seguridad, bajo la premisa de que la ciudad es amenazante e insegura. Consecuentemente las nuevas urbanizaciones son diseñadas bajo el esquema del miedo a la ciudad, generando la pérdida de calles, plazas y parques. Así, la vida ciudadana pasa a desarrollarse entre murallas y abandona la ciudad.
En Panamá, usualmente, los espacios públicos abiertos han surgido en terrenos remanentes del proceso de expansión urbana; no han sido el resultado de un trabajo de planificación, desdeñando de esa forma la posibilidad de utilizarlos tanto como instrumentos para el ordenamiento de la ciudad, como para elevar la calidad de vida del ciudadano. Y en las urbanizaciones pocas veces se cumple a cabalidad la norma que establece que el 10% del lote debe destinarse a espacios públicos; así, es habitual encontrar que se destina a parque, la zona del terreno que por estar cerca de una quebrada o talud es difícil de vender.
Este tipo de crecimiento urbano donde el libre mercado es todopoderoso –puesto que el Estado no ejerce su responsabilidad de velar por el bien común– no tiene capacidad integradora de ciudadanía, al contrario, fractura los tejidos urbanos y sociales y destruye la ciudad.
La fortaleza del poder económico se manifiesta en la desventajosa correlación entre el espacio privado colectivo (malls) y el espacio público (calles y plazas), muy evidente en ciudades como Las Vegas, Miami, y muchas otras donde el mercadeo en los espacios privados colectivos define la esencia de la ciudad; allí la publicidad invade las calles, las caracteriza y les otorga una “identidad de empresa”. Quizás por eso Álvaro Mutis (El Tiempo, 28/9/1998), afirmaba: “Hoy hay una enorme confabulación entre el mundo técnico, los medios de comunicación y la publicidad para convertir el mundo en un supermercado. Ya lo hicieron... La publicidad forma parte del sistema establecido en nuestro mundo para convertir todo en valor de dinero”.
Los ciudadanos han perdido calidad de vida, posibilidades de convivencia enriquecedora, y malviven angustiados por la falta de seguridad, los problemas de movilidad y por la escasez de espacios públicos que permitan la comunicación, la convivencia y consecuentemente favorezcan la seguridad ciudadana. La gestión pública desde hace muchos años escasamente impulsa y protege los espacios públicos y por el contrario privilegia el dominio del vehículo sobre el peatón, desinteresándose por la construcción de espacios públicos para el ocio, el descanso, la socialización, la recreación y la expresión cultural, y que por sus características constituyen el escenario democrático por excelencia al promover encuentros respetuosos y tolerantes entre los ciudadanos.
El Estado es el responsable de la planificación, diseño y gestión de los espacios públicos; y debe garantizar su integridad, a través de políticas de Estado que trasciendan la administración de turno. Sin embargo, para mejorar la calidad de vida en las ciudades panameñas se necesita, entre otros muchos elementos, crear espacios públicos que resulten de una ciudadanía activa y responsable que exija al Estado que los cree, pero que sobre todo se involucre en su gestión, los proteja y se apropie de ellos, de forma de empezar a construir entre todos un proyecto colectivo de ciudad en la cual vivamos seguros y de la que nos sintamos orgullosos.

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