Una ciudad modelada por ciudadanos



MAGELA CABRERA ARIAS
opinion@prensa.comEl Decreto Ejecutivo 179 (26/2/2010) centralizó en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) las decisiones relativas a los cambios de zonificación de uso de suelo y los planes de ordenamiento territorial; descartando así la potestad de los municipios anteriormente establecida en la Ley de Urbanismo (Ley 6 de 2006). Ello, en palabras llanas, significa que se ha eliminado el derecho de los ciudadanos a ser activos, a proponer y a integrar el grupo que decide en temas que determinan su calidad de vida, como es la forma en que se construye la ciudad.
La experiencia nos indica que el Ministerio de Vivienda, recientemente reorganizado como Miviot, con un viceministerio con responsabilidades en el ordenamiento territorial, hasta ahora ha respondido más a los intereses de inmobiliarias y constructores, que a un plan estratégico de largo plazo que asegure una ciudad que favorezca el bienestar de las comunidades.A pesar de que la Constitución y la Ley de Urbanismo establece (Art. 3) que: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garante de la propiedad privada”; todos sufrimos cotidianamente una ciudad caótica.
En la ciudad de Panamá se han tomado decisiones en función de los inversionistas (aumentando densidades ignorando la capacidad máxima de la infraestructura básica y de las vías), se ha priorizado al automóvil frente al peatón, se han minimizando y eliminado áreas públicas y verdes –indispensables para satisfacer las necesidades urbanas colectivas y para impulsar la integración–, se ha permitido la contaminación visual y atmosférica, y un largo etcétera siempre nocivo para los ciudadanos.Las nuevas responsabilidades sobre ordenamiento territorial que se le adjudican al Miviot deberían impulsar una planificación integral crecimiento de ciudades, infraestructura física y equipamientos sociales–. No obstante, esa impostergable tarea debe ir de la mano de la descentralización y de una creciente participación ciudadana; siguiendo la tendencia mundial mayoritaria de democratizar la gestión de la ciudad y de descentralizar el Estado.
Ciertamente, no solo es necesario sino urgente capacitar a los funcionarios municipales para asumir gradualmente las funciones relativas al desarrollo urbano y al ordenamiento territorial.Sin embargo, las acciones de los gobiernos democráticos desde 1990 han postergado con diversos argumentos la necesaria descentralización y han eliminando o burocratizado los procedimientos y las herramientas de participación ciudadana.La comisión que asesora al Miviot, integrada por ingenieros y arquitectos, honrando su primera condición de ciudadanos, debe urgir al ministerio a integrar mecanismos efectivos y eficientes que permitan a los ciudadanos de a pie, los indiscutibles integrantes de las ciudades a involucrarse activamente en su construcción. La participación ya no se la concibe como un mecanismo de validación de lo decidido por otros, tales como: burócratas, técnicos, políticos o empresarios. Por el contrario, se lo reconoce como el derecho de todos los ciudadanos sobre el control de sus recursos y la manera de usarlos para satisfacer sus necesidades y las de las comunidades en las que conviven.
David Harvey, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y uno de los creadores del concepto del derecho a la ciudad, sostiene que es imperioso garantizar a los ciudadanos el derecho a decidir en qué ciudad quieren vivir.Lo que significa, entre otros aspectos, no solo el acceso a servicios básicos, sino además a definir un tipo de urbanización diferente. Asimismo, sostiene que el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos.La participación ciudadana trasciende el ámbito jurídico para constituirse en una categoría política, puesto que la posibilidad de participar en la toma de decisiones está vinculada con los fenómenos de jerarquización y segmentación social.
Generalmente los grupos más deprimidos de la población ejercen en menor medida sus derechos en comparación con los grupos con poder económico y político; por tanto, cuando se trata de participación y se abre un debate sobre sus formas, frecuencias y herramientas se está hablando sobre relaciones de poder concebidas en el seno de cada sociedad, y de la posibilidad de modificar esas relaciones de poder a través de la inclusión de más ciudadanos en los procesos de participación de forma sistemática.

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