Descentralización o catástrofe


MAGELA CABRERA ARIAS

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El título reitera una afirmación de Luis Garzón, alcalde de Bogotá en el periodo 2004–2007, durante el evento organizado por Radio Panamá, el 28 de agosto en el Ateneo de Ciudad del Saber, al que asistieron algunos aspirantes a la Alcaldía de Panamá y un número significativo de ciudadanos interesados en conocer los aciertos de la gestión administrativa en ciudades más populosas y complejas que Panamá.

La intervención del recién nominado asesor en temas de diálogo social y movilización ciudadana en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos, en Colombia, incluyó, además de sus reflexiones sobre ética y política, la respuesta a las inquietudes del público.
Afirmó que la descentralización es percibida por muchos –yo me atrevo a afirmar que por los panameños también–, como la única forma de gestión en la que los gobiernos locales –capacitados y con presupuesto– tienen reales posibilidades de conocer a fondo y, por tanto, resolver aquellos problemas que son mas cercanos a los ciudadanos: acceso a tierra y vivienda; seguridad, oferta de equipamiento y servicios públicos, movilidad y protección del medio ambiente.
Y es que la descentralización es una demanda ciudadana que no solo es un derecho, sino un medio para lograr la democracia participativa y alcanzar mayores niveles de desarrollo; lo que, a su vez, otorga legitimidad a las instituciones, las decisiones y las políticas.
Enfáticamente, explicó que solo evitando la confrontación inútil y, más bien, reconociendo la valía de los proyectos iniciados en administraciones anteriores –independientemente de su afiliación partidista– se puede avanzar en planes de desarrollo que son de la ciudad y no de la administración de turno.
Ejemplificó esto contado que en Bogotá en los periodos consecutivos de alcaldes de partidos distintos: Jaime Castro, Enrique Peñalosa, Antanas Mokus y el propio Garzón, se logró, entre otras cosas, sanear las finanzas municipales, mejorar la movilidad, la cobertura social e incluso que los ciudadanos pagasen voluntariamente más impuestos. Esto se alcanzó por la trasparencia en el uso de los recursos, la fiscalización y participación ciudadana y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Habló del derecho a la información, por ejemplo a través del proyecto “Bogotá, cómo vamos”, iniciativa que divulga indicadores en distintos ámbitos, que permite a empresarios, ciudadanos y medios de comunicación seguir de cerca la evolución de situaciones de violencia, contaminación, cobertura de servicios básicos, etc., facilitando así el diseño y ejecución de nuevos planes, la fiscalización ciudadana, amén de abonar a la transparencia.
Lo anterior, aunado a un esfuerzo decidido por encontrar las coincidencias, no las diferencias, permite establecer la sinergia necesaria entre el sector público y el sector privado; para que aporte recursos a proyectos dirigidos a la parte más frágil de la sociedad, evidenciando así su compromiso con la ciudad.
Al hablar de movilidad, primero, desestimó los inconvenientes expresados por algunos sobre la lluvia excesiva y el calor de Panamá, al mencionar que en Bogotá caminan diariamente más de un millón de personas, a pesar del frío y las lluvias. Se refirió a la necesidad de planes de movilidad sistémicos, comenzando por una cultura ciudadana que dé paso a la cortesía y al respeto, y que conciba el transporte de forma integral: metro, buses de rutas complementarias, ciclo vías y veredas anchas que motiven a los peatones a trasladarse y pasear; al tiempo de desestimular al automovilista con días de circulación exclusiva y mayores pagos.
Estableció diferencias en la gestión de seguridad. La seguridad pública, aquella referida a la seguridad nacional, de fronteras y la lucha contra el narcotráfico internacional le corresponde al Gobierno central; y la seguridad ciudadana: el combate al hurto, el robo, la violencia intrafamiliar y, particularmente, las pandillas deben ser enfrentadas a través de la gestión local de políticas sociales de inclusión, con ofertas de empleo, equipando a los barrios más pobres con las mejores bibliotecas, áreas de deporte y espacios públicos; donde se ofrezca reconocimiento a los jóvenes y se les permita a los pobladores apropiarse del territorio.
Es necesario redefinir la seguridad, en términos de disfrute de los derechos, como el derecho a la vida y a la integridad física de las personas y, por eso, no es posible desarrollar una política de seguridad sin contar con una amplia participación de la sociedad.
Insistió en que los municipios deben estimular los mecanismos de representación ciudadana en las instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión municipal.
Y es que sin instancias efectivas de participación ciudadana, que otorguen poder e iniciativa a los ciudadanos, no es factible reconocer las disímiles demandas urbanas ni se puede fomentar la innovación y la creatividad necesarias para lograr la inclusión social, elemento esencial para la sustentabilidad de la ciudad.
El reto de los ciudadanos es exigir la descentralización y un alcalde o alcaldesa que cumpla su compromiso, en un programa de gobierno municipal que dé énfasis al liderazgo de la comunidad, desechando la tendencia al manejo centralizado y al paternalismo; que impulse la construcción de una sociedad inclusiva y democrática, la que solo puede hacerse con ciudadanos empoderados, responsables y capaces de llevar adelante los procesos de desarrollo de sus comunidades y ciudades.

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