Conflictos en la ciudad


MAGELA CABRERA ARIAS
30 de Noviembre de 2012
Desde hace años se incrementan las movilizaciones sociales causadas por la desidia de las autoridades en dar satisfacción al justo reclamo ciudadano por su derecho a la ciudad. Los conflictos urbanos, visibilizados a través de acciones colectivas tales como manifestaciones, cierre de calles y otros reclamos por diversos grupos muestran el descontento debido a los problemas que ocasiona el modelo vigente de producción mercantil de la ciudad.
Sin que esto sea un registro exhaustivo de conflictos, destacaremos aquellos que más privaciones causan a los ciudadanos y mayor daño generan en la ciudad y que tienen como factor común su origen por la imposición de un modelo de desarrollo urbano que determina prácticas alejadas de un proceso de planificación integral de la ciudad, que contenga aspectos económicos, sociales y ambientales e incluya la activa participación ciudadana y, consecuentemente, su consenso y apropiación.
La propuesta de modificar la Ley 21 de 1997, que establece el plan regional para el desarrollo de la región interoceánica y el plan general de uso, conservación y desarrollo del área del Canal, legalizaría aquellos cambios de zonificación, ejecutados desde julio de 2009 hasta ahora, aprobados por resolución ministerial (no como manda la Ley 21). Además de pretender aplicar, con efecto retroactivo, una medida inconsulta y contraria al espíritu de la ley, se posibilita la destrucción de áreas verdes imprescindibles para la socialización ciudadana y para mitigar los efectos de contaminación atmosférica.
En relación con la construcción de la tercera fase de la cinta costera (rompeolas, ampliación de la avenida de los Poetas, un relleno en 13.5 hectáreas y un puente marino de 2.8 km), la Unesco advierte que el puente afectará la designación del Casco Antiguo como Patrimonio Mundial de la Humanidad; y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) afirma: “el significado de ser península patrimonial se vería alterado de manera irreversible, por el encerramiento o contención que produce la presencia del viaducto alrededor de las murallas patrimoniales”.
Según Icomos, la ampliación de la vía Cincuentenario ha ocasionado que el Conjunto Monumental de Panamá La Vieja pierda su autenticidad y valor. Particularmente, el Puente del Rey y algunos pozos cercanos al Convento de San José que han sido afectados. Diversos grupos ciudadanos advierten que el tráfico que se concentrará en la vía provocará daños irreversibles al más importante patrimonio histórico de Panamá.

Con el incumplimiento de la resolución que determina, como protegida, la zona de humedales en la bahía, se desamparan zonas como Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora y Chepo. La ejecución irresponsable de proyectos inmobiliarios que destruyen hectáreas de manglares ignora los riesgos de inundación por despojar al litoral de esa zona de amortiguamiento. ¡Olvidaron lo sucedido en Arraiján, Nueva Orleans y, más recientemente, en Nueva York!
En áreas como Herbruger, San Francisco, Obarrio, El Carmen y Bella Vista, se aumentó la densidad poblacional al cambiar el uso ocasionando que las infraestructuras de agua potable y aguas servidas y la capacidad de las vías diseñadas para densidades menores se saturaran y dejaran de satisfacer las necesidades de la población. Los vecinos de La Alameda, Bethania y otros, se oponen a cambios similares. Si bien la densificación de la ciudad es imperiosa, debe ejecutarse de forma planificada, integrando la mejora de la infraestructura e incluyendo el equipamiento y espacio público que asegure la calidad de vida comunitaria.
El deterioro ambiental por la construcción de la Ciudad de las Artes sobre 12 hectáreas, en los Llanos de Curundú (zona de amortiguamiento del Parque Metropolitano) y los estacionamientos de la Corte Suprema (que afectan el área boscosa del cerro Ancón) concitan la protesta de ciudadanos que discrepan por el costo excesivo de los proyectos, llave en mano, y por la afectación de las zonas verdes.
Una acción colectiva asociada a actores sociales y funcionarios responsables posibilitaría la construcción de una ciudad inclusiva, basada en valores que contraríen al mercado, en vez, de servirlo. La reciente movilización social en Colón ha mostrado ser efectiva, cuando se actúa articuladamente sumando fuerzas y capacidad de trabajo. Los ciudadanos pueden influir sobre la toma de decisiones, la distribución de los recursos, el pago de la deuda social, así como en el desarrollo del proceso urbano (modificación de planes reguladores, detención de proyectos inmobiliarios, recuperación de espacios deteriorados, demanda por equipamiento y espacio público, entre otros).
Los conflictos en la ciudad son alarmas que debe llevar a las autoridades a escuchar y reflexionar sobre las demandas ciudadanas y a encontrar las vías para mantener, defender y reivindicar la consecución del bienestar colectivo.

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