La cinta costera que queremos


Orlando Acosta Patiño
opinion@prensa.com
La cinta costera en su primera fase propuso resolver el tema de vialidad urbana, nunca pretendió entregar equipamiento social de parques y áreas verdes para la ciudad. Si el habitante hubiese sido el centro de la intervención, el proyecto habría sido consultado con la gente, para mejorar las aceras y soterrar los carriles de autos, los postes y los cables, y permitir la circulación fluida y segura de los peatones. Así se habría podido llegar desde las escalinatas de la iglesia Don Bosco hasta la orilla misma del océano Pacífico, sin preocuparse por romperse un pie en una alcantarilla sin tapa o de ser arrollado por un bólido que viaje a 80 Km por hora.
 
La posibilidad de articular un recorrido por algún equipamiento cultural terminaría de conformar una propuesta coherente, antibarbarie y de carácter educativo. Esto tendría mayor impacto que la recién anunciada Ciudad de las Artes. Una intervención así permitiría la revitalización de La Exposición, lo que junto con la construcción del Metro, arrojaría resultados sorprendentes. La inversión bajo un enfoque más inclusivo e integral desde la perspectiva urbana, produciría efectos redistributivos y de mejora integral de la calidad urbana de la capital. Pero no todos queremos lo mismo.

El proyecto de la cinta costera, bajo una visión estadista de planificación a largo plazo –como muchos queremos– no teñido de corrupción y falta de transparencia, pudo celebrar los 500 años del Mar del Sur o los 100 del Canal de Panamá y su ampliación, en 2014. Perdimos la oportunidad de plantar un hito en la trama urbana, que permitiese celebrar y recordar uno de nuestros grandes momentos, como sociedad global. Pero no todos pensamos en lo mismo.

La fase II del proyecto irrumpió en el Casco Antiguo e intervino con una serie de modificaciones en la fisonomía costera, al eliminar el terraplén, cambios de uso de espacios y del recinto portuario. El proyecto no contó con un estudio de impacto ambiental y, en su momento, pregunté ¿Cómo fueron evaluados los aspectos sociales, económicos y culturales de la extensión de la cinta costera frente al terraplén, en los predios del Casco Antiguo? El efecto sobre el Casco Antiguo y la funcionalidad vial, urbana y patrimonial no fueron evaluados. ¿Qué sucedió allí? ¿La ley del viejo oeste o la locura perniciosa se impusieron? ¿O fueron, tal vez, los apetitos inmobiliarios por la nueva plusvalía de antiguos “quilombos” los que impusieron la iniciativa?
 
La cinta costera III, la construcción del viaducto y las 76 hectáreas de relleno y su justificación, fue vial. El análisis patrimonial por la construcción del viaducto marino –con relación al Casco Antiguo– evaluado por respetuosos profesionales nacionales e internacionales, ha dado un resultado oculto que parece justificar, bajo argumentos metodológicos, y concluir que el viaducto no afecta los valores patrimoniales que soportaron su declaratoria mundial. El viaducto afecta el paisaje, mas no riñe con los valores que sustentaron el Casco bajo su declaratoria mundial. Este es el discurso oficial.

La afectación del paisaje como resultado del viaducto es una acción que no puede ser mitigada bajo ninguna medida ambiental viable. Esta es otra realidad. El viaducto es físico y es una intrusión al paisaje marino que modifica –de manera permanente y definitiva– el horizonte, tal como se ha venido registrando, por lo menos, en los últimos 400 años de historia de la ciudad de Panamá. Pero no todos queremos lo mismo.
La cinta costera y su pegajoso jingle cantan promesas huecas para los chorrilleros. Ojalá me equivoque y el “fritódromo” no se transforme en un espacio de exclusión y gueto, y que los dineros lleguen para construir un Maracaná que promueva un deporte abandonado. La cinta costera fase III será, para El Chorrillo, una barrera de exclusión social, así como una oportunidad para el acaparamiento inmobiliario, con un nuevo frente de mar generado con inversiones públicas. Las 76 y pico hectáreas de rellenos de frente de mar, a la voz de grito y plata, llenarán el bolsillo de ricos mercaderes inmobiliarios, quienes se apoderarán de los nuevos frentes de mar y tomarán, como suya, la inversión pública para hacerse más ricos. El esfuerzo gubernamental se coronará con la venta –inconstitucional– del fondo del mar en Amador y El Chorrillo para otorgar lo “inalienable” y construir otro muro de torres en Amador, con un espacio robado al mar y a la sociedad panameña.

El cuello de botella generado por los automóviles en El Chorrillo-Amador, empujará otro puente sobre el Canal y, finalmente, posibilitará articular un sistema de transporte para servir a los apachurrados viajeros del sector oeste de la metrópoli. Este será un resultado positivo para integrar el gran espacio metropolitano mediante un sistema de transporte, sistema que en mi opinión no necesitaba de rellenos ni viaductos.

La cinta costera y los desarrollos que promoverán quedarán registrados como proyectos revestidos de falta de transparencia, inconstitucionalidad, lucro privado, destrucción de ecosistemas de manglares. Traerán como beneficio la seudointegración de la costa pacífica de la ciudad de Panamá a un costo social muy alto y no todos queríamos lo mismo.


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