Situación alimentaria y responsabilidad social:


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CARLOS GUEVARA MANN
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Panamá tiene la particularidad de conjugar un crecimiento económico envidiable con una situación social que amerita cuidadosa atención. En 2012, la economía panameña creció 11%; se prevé que en 2013 el crecimiento económico se ubicará entre 7.5% y 8.5% (La Prensa, 1 de enero).

Si este indicador es, para muchos, motivo de satisfacción, hay otras estadísticas que se presentan simultáneamente y dan razones para preocuparnos. Entre ellos están los que proveen información sobre el estado nutricional de la población, tal cual lo indicó este diario en su edición del 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo con el Boletín Estadístico/Anuario 2011 del Ministerio de Salud, 12 niños menores de un año murieron por desnutrición en 2011: 1 en Coclé, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé, respectivamente; 2 en la Comarca Guna Yala, 3 en Bocas del Toro, y 4 en la provincia de Panamá (3 de los cuales fallecieron en el distrito capital, el área de mayor pujanza económica de la República).

En marzo de 2012, el Ministerio de Salud informó sobre la muerte de cinco menores en el área de Ipetí-Guna, ostensiblemente por la ingesta de agua contaminada, cuyos efectos, como lo comenté en mi columna del 11 de abril de 2012, se intensificaron por causa del mal estado nutricional de los afectados. De acuerdo con un dirigente guna, la cifra de muertos por causas relacionadas con la desnutrición en la comarca guna de Madungandí, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, ascendería al menos a 15.

Según la más reciente Encuesta de Niveles de Vida, aplicada en 2008 (ENV-2008), el 19.1% de los niños panameños de cinco años o menos sufre de desnutrición crónica. De acuerdo con Unicef, la desnutrición crónica o retardo de altura para la edad está “asociada normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico”.

La ENV-2008 indica que casi una quinta parte de nuestra población de cinco años o menos está desnutrida, lo que además de constituir un problema moral preocupante, tiene importantes consecuencias para el desarrollo socioeconómico del país. Un individuo desnutrido no puede alcanzar su potencial evolutivo –ni fisiológico ni mental– lo que representa una pérdida significativa para la sociedad.

Según la ENV-2008, la desnutrición crónica alcanza al 46.2% de los niños menores de cinco años en condiciones de pobreza extrema y al 62% de los menores indígenas en el mismo grupo de edad. Uno de los factores que conduce a la desnutrición es la falta de acceso a los alimentos, sobre todo a alimentos de buena calidad, fenómeno que se acentúa en períodos de incremento en el costo de la vida.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, en 2012 el precio de los alimentos aumentó, en promedio, un 8.1% en nuestra región metropolitana (La Prensa, 12 de enero). El aumento del costo de la electricidad, que entró en vigencia el 1 de enero de 2013, contribuirá al encarecimiento de la vida, como lo hará también el incremento en el precio de la gasolina (como el que entró en vigencia el 11 de enero) así como en otros productos y servicios.

Vigilar la situación nutricional de la población y tomar medidas para su mejoramiento es obligación del Estado, que a través del Gobierno y sus dependencias debe hacer de ella una prioridad. Otros sectores, sin embargo, pueden también aportar a este objetivo, entre ellos el privado, que desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene la oportunidad de contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad.

El Pacto Mundial, iniciativa de las Naciones Unidas que da forma y sustancia a la RSE, establece como su primer principio el apoyo y respeto por los derechos humanos fundamentales, entre los cuales está el derecho a la alimentación. Realizar ese derecho debe ser el objetivo primordial de una comunidad comprometida con su desarrollo sostenible y supervivencia.

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