Estacionamientos y políticas de movilidad

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Estacionamientos y políticas de movilidad: Magela Cabrera Arias

Magela Cabrera Arias 
La Prensa, 18 Enero de 2015, pagina 15 A

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre estima que para finales de 2014 en Panamá circulaban un millón 89 mil 48 autos, y que en promedio ingresaron 3 mil por mes. Según el Banco Mundial, aquí por cada mil habitantes hay 132 vehículos. Si esa tendencia continúa, pronto será imposible movilizarnos.

Las normas urbanísticas fomentan el uso del automóvil, lo que ha favorecido la dispersión urbana en un área que se extiende por casi 80 kilómetros lineales, con la concentración de zonas comerciales en grandes centros. Los planificadores se olvidan de aplicar la “gestión de la demanda”, como mecanismo para reducir el congestionamiento vehicular, así como el hecho de que el espacio público es un bien limitado que se debe usar para satisfacer los usos y necesidades de los ciudadanos.

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Diversas formas de movilidad comparten el espacio público, lo que impone establecer prioridades y políticas que aseguren un uso y reparto equitativo de las áreas. La gestión de la demanda incluye estrategias para modificar el comportamiento del ciudadano (cómo, cuándo y a dónde se dirige), priorizar el tránsito de personas y bienes, en vez de autos, e impulsar modos eficientes de trasladarse (caminar, usar bicicleta, transporte público, compartir el automóvil, y otros) para aumentar la eficiencia de los sistemas, reducir el uso de vías y los sitios para estacionar automóviles, y lograr un desarrollo sostenible.

Una de las estrategias es introducir, de forma simultánea, estímulos que induzcan otros modos de movilidad a la par de medidas que desalienten el uso de automóviles. La cantidad y el momento para aplicar unas y otras depende de las características de la ciudad y de la cultura ciudadana. Entre las primeras se destacan la mejora del transporte público, construcción de áreas para bicicletas (ciclovías) y peatones (aceras), la sensibilización ciudadana, ampliación de opciones de movilidad y ejecución de normas que estimulen el desarrollo urbano compacto. Las segundas incluyen medidas como el cobro de tasas por congestión, planificación integrada de usos de suelo, restricciones regulatorias (como las ambientales) y la gestión de estacionamientos.

Hay varios tipos de estacionamientos con diferentes condiciones de operación, regulación y funcionamiento. Se diferencian por la ubicación en la vía publica o en un lote, pueden ser gratuitos, se pueden cobrar de manera formal o informal (estacionómetros y “los bien cuidao”). Otros pueden estar fuera de la vía pública y ser administrados por el Estado o la empresa privada, en cumplimiento de normas y tarifas. También están aquellos asociados a un uso específico del suelo (centros comerciales, hospitales, oficinas).
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En las políticas de gestión de estos espacios es esencial que la oferta se maneje de acuerdo con el área, y no por lotes separados u otras consideraciones relativas a su ubicación. La regulación del estacionamiento se ha usado esencialmente para rehabilitar centros históricos, luego evolucionó a modificar hábitos de conducta y a reforzar estrategias conjuntas de movilidad sostenible.

Estas políticas no buscan eliminar el automóvil, sino armonizar los intereses de distintos usuarios estableciendo las mejores soluciones desde el punto de vista colectivo. La construcción y regulación de estacionamientos implica reflexionar sobre la distribución del espacio público y hacer hincapié en que estacionar en la vía pública no es un derecho del conductor, sino una opción regulada por las autoridades.
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En resumen, regular estos espacios, ofrecer alternativas que favorezcan diversas formas de movilidad y el uso racional del automóvil es primordial para impulsar la movilidad y mejorar la calidad del entorno urbano. Así mismo, establecer normas para el cobro por estacionarse debería considerar aspectos básicos.

La profusión de estacionamientos frena la accesibilidad, y su adecuada planificación propicia mejores condiciones para caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público. Recordemos que la demanda de estos espacios es influida tanto por el precio como por las alternativas de transporte. Los ingresos que se recauden en los parquímetros se deben reinvertir en mejoras al transporte público, ciclovías, aceras y espacio público (caso cinta costera). Hay que pensar en cómo retomar el espacio que utilizan los autos y cederlo a otras formas de movilidad (bicicletas, carriles exclusivos para el autobús, aceras más anchas o espacios mixtos) e incorporar políticas de estacionamiento en los planes de transporte público.

El Gobierno, los arquitectos y los urbanistas deben trabajar en conjunto para impulsar y aprobar las políticas públicas que incorporen la función social del espacio y la movilidad de acuerdo con el transporte público, bicicletas y áreas para peatones, con el fin de repensar y construir una ciudad vital, sostenible y segura.


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